¿Desarrollo social?

Turicuaro, Michoacán.

En cada periodo electoral los partidos políticos presumen una larga lista de las políticas públicas para hacer un mejor país, no hace falta hacer un recuento de las brillantes ideas, aunque un cierto número de personas, muy reducido por cierto, ya no las juzga como verdaderas, las masas siguen devorándolas.

Las políticas públicas son estrategias utilizadas por el gobierno (bueno o malo) para procurar el desarrollo social, económico y cultural. Por regla general, estas promesas luego se convierten en proyectos de naturaleza particular, una empresa familiar, las rama clientelares de los partidos políticos. De tal forma, que el bien común y los problemas sociales específicos quedan al margen. Aún así, durante la gestión del gobierno en turno la propaganda (es uno de los rubros en los que más se gasta) sigue insistiendo en calidad de vida, salud, educación y vivienda.

La historia institucional del país muestra que no se ha logrado pasar de la intención de desarrollar la calidad de vida. Las necesidades de los contextos marginados continuan sin ser atendidas.

De por sí, la teoría y la práctica rara vez coinciden. El discurso institucional lo que persiguen en el fondo es responder a los intereses de algún “capital”. De allí que no haya correspondencia entre lo que se diseña en los escritorios gubernamentales y lo que sucede en la realidad. 

Las políticas públicas corresponden a preceptos neoliberales, desde este enfoque se advierte que los resultados no están diseñados en función del contexto local y regional, sino con prioridad a políticas internacionales. Lo cual representa una de las causas del fracaso de las políticas públicas aplicadas en el país.

En términos generales es posible identificar cuatro actores que determinan las políticas del desarrollo, a saber: la comunidad rurales, la sociedad civil, el Estado y las organizaciones internacionales. Se distingue entre comunidades rurales y sociedad civil en función de la participación en la determinación de las políticas públicas. Mientras que la comunidad rural es de facto por sus características, la sociedad civil se organiza en función de objetivos determinados ya sean ecológicos, sociales, económicos o culturales. Ahora bien, los actores antes mencionados tienen una fuerte correlación e interdependencia, aunque siempre uno se imponga a los demás, en la mayoría de los casos, las organizaciones internacionales terminan imponiéndose. 

Pero, la situación es más compleja, existe una pugna constante en la determinación de las políticas aplicables que trasciende a los implicados en la elección de éstas. Cabe señalar, incluso, que el enfoque de análisis institucional no atiende la complejidad de la multiculturalidad del país y, por lo tanto, los elementos que están más allá de las relaciones formales entre el Estado y la comunidad rural. Hay una organización rural comunitaria basada en principios contextuales y de naturaleza “endógena” que surge de la tradición cultural. 

La definición de “zona rural” no alcanza a proyectar las características de sus habitantes, es decir, si son indígenas, campesinos o migrantes, de alta o muy alta marginación. Características que determinan el proceso de “desarrollo”. Incluso, a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte en 1993 se enfatizó la demanda social de visibilizar a comunidades indígenas y campesinas, poniendo de relieve más allá de la “zona rural”, a los principios de igualdad y autodeterminación. 

En cierta forma el Estado mexicano ha tratado de uniformar el desarrollo del país. Es decir, no atiende a la pluriculturalidad de manera directa, sino hasta a penas hace algunos años a comenzado a considerar las características de las diversas regionales existentes en México. Sí pensamos que la tendencia del gobierno ha sido la de asumir patrones internacionales, se entiende que la aplicación de las políticas correspondan a criterios internacionales y, no a los locales. En los diversos cambios y etapas en la estructura institucional se tiene como común denominador las tendencias estructurales emanadas desde organismos internacionales:

1. Corporativismo rural y sistema de partido hegemónico (nacimiento del Partido Nacional Revolucionario, PNR, Partido de la Revolución Mexicana, PRM, Partido Revolucionario Institucional, PRI, Confederación Nacional Campesina, CNC, Confederación de trabajadores de México, CTM, Confederación de Trabajadores de México, CROM, Instituto Mexicano del Seguro Socia, IMSS, etc)
2. Reparto agrario y modernización económica (cardenismo).
3. Planificación rural y origen de la política social (1940-1983)
4. Reforma al artículo 27 (1983).
5. Reformas al artículo 27 Constitucional y la Ley Agraria (1992).
6. Firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN, 1993).
7. Desregulación del sector rural (1993-2006).
8. Surgimiento de organizaciones de la sociedad civil para promover el desarrollo rural.
9. Ley de Desarrollo Rural Sustentable (2001).
10. Acuerdo Nacional para el Campo (2003). (Herrera-Tapia, Lutz-Bachère, & Vizcarra-Bordi, 2009, pág. 96)

De tal forma que las políticas aplicadas al desarrollo social atienden a los cambios sociales mundiales. A partir de la caída del muro de Berlín se enfatizaron las políticas neoliberales, lo cual implicó a los Estados Nación ceder ante la globalización y, perder, por lo tanto, soberanía; a lo cual Herrera-Tapia, Lutz-Bachère, & Vizcarra-Bordi llaman “filantropización de lo rural” que pareciera estar en oposición a las Metas de Desarrollo del Milenio.

Aunque las instituciones mexicanas intentan acercarse a las Metas de Desarrollo del Milenio, lo cierto es que la ineficiencia, la relación clientelar y partenalista del gobierno impiden que se apliquen debidamente. Los principios tanto de la Ley de Desarrollo Rural sustentable, el Acuerdo Nacional para el Campo y el Plan de Desarrollo Nacional se enmarcan en la inclusión de igualdad de oportunidades, pero la aplicación dista mucho de corresponderlos.

Los intentos por hacer participe del desarrollo rural a todos sus actores se pierde en la estructura burocrática. Sin embargo, constantemente se intentan formas de integración e inclusión hacia un proceso democrático en la toma de decisiones. Para que las políticas de desarrollo rural sean efectivas se debe trascender la concepción tradicional de gobernar, reflexionar entorno a las políticas mundiales y análisis de expertos sobre el tema; tal es el caso, por ejemplo, del concepto gobernanza que sitúa como posibilidad de pensar lo rural desde un marco integral, 

“la creación de instancias decisorias y consultivas plurales , la inclusión de todos los actores interesados y que participan en un tema, la multiplicación de comisiones en tres niveles admintrativos: federal, estatal y distrital”. (Herrera-Tapia, Lutz-Bachère, & Vizcarra-Bordi, 2009, pág. 111)

A una década del análisis realizado por Herrera-Tapia, Lutz-Bachère, & Vizcarra-Bordi nos percatamos de que la deuda de las instituciones públicas con las “zonas rurales” aún no se ha saldado; de tal suerte que coincidimos con los autores en su conclusión: “los modelos de desarrollo no poseen la omnipotencia como virtud, por lo que los hombres y mujeres del campo tienen en sus manos las herramientas necesarias para abrir nuevos surcos y plantar allí las semillas de la esperanza” (págs. 112-113).

Bibliografía

Herrera-Tapia, F., Lutz-Bachère, B., & Vizcarra-Bordi, I. (enero-abril de 2009). La política de desarrollo rural en México y el cambio institucional 2000-2006. Economía, Sociedad y Territorio, IX (29), 89-117.